Académicos europeos de religión y defensores de derechos humanos intensifican sus llamados al gobierno de Corea del Sur para que libere a Lee Man-hee, el presidente de la Iglesia Shincheonji, de 95 años, detenido desde el 24 de junio por cargos relacionados con presuntas violaciones de registro de partidos políticos. Argumentan que la detención no solo contraviene los estándares legales internacionales, sino que también empaña la posición de Corea del Sur como democracia comprometida con los derechos humanos.
El presidente Lee fue imputado el 29 de junio por cargos que incluyen violaciones a la Ley de Partidos Políticos. El Cuartel General Conjunto de Investigación Policía-Fiscalía alega que entre julio de 2021 y enero de 2024, Lee dirigió el registro masivo de aproximadamente 50,000 miembros de la iglesia en un partido político particular. En respuesta, la Iglesia Shincheonji ha mantenido que los miembros individuales participaron libremente en actividades políticas y que tanto Lee como la iglesia han cooperado plenamente con la investigación, incluidos registros e incautaciones. La iglesia expresó su profundo pesar, afirmando que detener a un hombre de 95 años equivale a una forma de castigo físico.
El tema ganó atención internacional durante la Novena Conferencia Anual de la Academia Europea de Religión (EuARe), celebrada en Roma, Italia, el 3 de julio. Durante una sesión titulada "Shincheonji, una nueva religión coreana en contexto global", académicos presentaron ponencias sobre la iglesia y discutieron los recientes acontecimientos en Corea del Sur. El Dr. Massimo Introvigne, sociólogo de la religión y fundador y director gerente del Centro de Estudios sobre Nuevas Religiones (CESNUR), declaró: "En todos los países de la Unión Europea, la legislación establece que los mayores de 80 años solo excepcionalmente deben ser encarcelados; deberían estar bajo arresto domiciliario si es necesario, y solo por delitos violentos, si existe riesgo de violencia real relacionada con delitos de sangre. Aquí, por supuesto, no hay delitos de sangre, y las acusaciones son violaciones de la ley electoral". Además, afirmó que lo que Corea está haciendo "viola el derecho internacional, incluidas las llamadas Reglas Mandela de las Naciones Unidas", que estipulan que la detención preventiva debe ser excepcional, especialmente para prisioneros ancianos. Calificó la situación como "un escándalo sin paliativos, que oculta una venganza política y religiosa".
Eric Roux, presidente del Foro Interreligioso Europeo por la Libertad Religiosa (EIFRF), se hizo eco de estos sentimientos, comentando: "Que un hombre de 95 años esté en la cárcel no es algo que pueda conciliarse con el objetivo de respetar la dignidad humana. Incluso si lo que se pretende que ha hecho fuera cierto, no se encarcelaría a un hombre de esta edad como ocurre ahora". Instó a una revisión rápida para evitar daños a la reputación de Corea del Sur.
El abogado de derechos humanos Alessandro Amicarelli, solicitor en Inglaterra y Gales y barrister en Italia, expresó su conmoción dada la tradición democrática de Corea del Sur. "Como abogado de derechos humanos, siempre consideré a Corea del Sur una verdadera democracia donde los derechos humanos se mantienen como fundamento de la democracia. Desafortunadamente, lo que está sucediendo ahora es verdaderamente impactante", dijo. Añadió que detener a un líder religioso de 95 años bajo tal presión sugiere que Corea del Sur se está alejando de su propia Constitución y de sus fundamentos de derechos humanos.
La dimensión internacional se ve subrayada además por una declaración escrita conjunta presentada a la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) el 25 de mayo por las organizaciones Unidos por los Derechos Humanos y Coordinación de Asociaciones y Particulares por la Libertad de Conciencia (CAP-LC). La declaración, distribuida el 10 de junio (Documento No. A/HRC/62/NGO/236), evaluó que "la situación se ha intensificado" en Corea del Sur y argumentó que enmarcar el registro de miembros en un partido político como "colusión religión-política" es inconsistente con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Las organizaciones señalaron que en diciembre de 2025, el presidente ordenó la creación de un grupo de trabajo conjunto policía-fiscal dirigido explícitamente a Shincheonji, y que altos funcionarios se han referido públicamente a la iglesia como una "organización criminal", lo que dijeron es incompatible con la presunción de inocencia. Instaron al gobierno de Corea del Sur a reafirmar su compromiso con la libertad de religión, la no discriminación y la neutralidad del estado.
La Iglesia Shincheonji enfatizó que la detención se ha convertido en un problema internacional de derechos humanos, con apoyo y peticiones de figuras prominentes en aumento. La iglesia declaró: "La pronta liberación del presidente Lee es un asunto de salvaguardar la libertad de religión y los derechos humanos, que son valores fundamentales de la democracia". Mientras continúa el debate, la presión sobre el gobierno y el poder judicial de Corea del Sur aumenta, y los observadores esperan ver si el país defenderá sus principios democráticos o enfrentará más críticas internacionales.
