La Organización Mundial de la Salud ha emitido una nueva guía práctica, Apoyo a la transición hacia la salud mental y la atención social comunitarias: Guía práctica para la desinstitucionalización de los hospitales psiquiátricos, que advierte que el tratamiento psiquiátrico institucional puede separar a las personas de sus comunidades, limitar su autonomía y exponerlas a violaciones de los derechos humanos. Según la guía, casi la mitad de las personas en grandes hospitales psiquiátricos e instituciones de atención social están retenidas contra su voluntad durante meses, años o incluso décadas. En respuesta, Citizens Commission on Human Rights International (CCHR) hace un llamado a los departamentos de salud mental de los estados de EE. UU. para que adopten la política y lideren al mundo hacia sistemas basados en los derechos humanos.
La organización señala cifras alarmantes: más de 1,2 millones de estadounidenses son internados involuntariamente en centros psiquiátricos cada año, aproximadamente dos cada minuto. Un estudio nacional de 2021 con datos de 2011 a 2018 en 25 estados encontró una amplia variación en las tasas de detención psiquiátrica involuntaria, desde 29 por 100.000 en Connecticut hasta 966 por 100.000 en Florida, una diferencia de 33 veces. La mayoría de los 22 estados con seis o más años de datos registraron aumentos a lo largo del tiempo, en consonancia con las tendencias internacionales.
CCHR también cita un estudio de la Escuela de Salud Pública de Harvard que indica que los hospitales psiquiátricos siguen abusando de los reclusos, utilizando electroshock forzado, contención química y restricción mecánica prolongada, prácticas que violan la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que EE. UU. ha ratificado. La Asociación Estadounidense de Abogados ha declarado que un enfoque centrado en los derechos humanos requiere alejarse de las respuestas principalmente medicalizadas hacia un apoyo centrado en la persona y un cambio sistémico, y señala que "en lugar de empoderar a las personas y desmantelar los regímenes coercitivos, las reformas legislativas a menudo se han convertido en formalidades procedimentales que legitiman intervenciones restrictivas bajo la apariencia de protección legal".
Jan Eastgate, presidenta de CCHR International, dijo: "Es absurdo que un sistema de salud mental estadounidense que ya cuesta 280.000 millones de dólares al año siga vertiendo miles de millones en encerrar a las personas, restringirlas y forzarles fármacos y electroshock que nunca se ha demostrado de manera concluyente que ayuden, y que pueden dejar al individuo peor: traumatizado, lesionado o muerto. Cada persona sometida a esa coerción es un abuso de los derechos humanos. Los miles de millones gastados en hacerlo también son un enorme y absurdo desembolso financiero".
La guía de la OMS enfatiza que la desinstitucionalización es esencial para construir un sistema de salud mental basado en derechos, fundamentado en el derecho internacional de los derechos humanos, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Señala que los hospitales psiquiátricos siguen dominando los sistemas de salud mental en muchos países, a menudo marcados por reglas excesivas y medidas coercitivas generalizadas como la medicación forzada, la restricción mecánica y el aislamiento. La guía recomienda que los hospitales evalúen la calidad y las condiciones de derechos humanos, incluidas las salvaguardias relacionadas con la coerción, el aislamiento, la restricción o la violencia, y reduzcan las prácticas institucionales mientras ponen fin a violaciones como la terapia electroconvulsiva sin anestesia. Cita la provincia argentina de Río Negro, que promulgó una ley orientada a la atención comunitaria y rechazó explícitamente la terapia electroconvulsiva.
Además, la OMS aconseja a los gobiernos revisar y modificar los criterios de internamiento involuntario para alinearlos con las normas de derechos humanos, promover enfoques basados en derechos que protejan contra la coerción, proporcionar acceso a defensa legal e implementar políticas para prevenir la coerción, la restricción, el aislamiento y la violencia. La guía completa está disponible en https://www.who.int/publications/i/item/9789240124134/.
CCHR insta a cada departamento de salud mental y legislatura estatal de EE. UU. a actuar ahora revisando y modificando los criterios de internamiento involuntario, recortando la financiación de la detención involuntaria y reformando las prácticas hospitalarias para alinearlas con los derechos humanos. Al implementar estos cambios, los estados de EE. UU. pueden revertir la tendencia actual hacia una mayor coerción, restaurar la autonomía y la dignidad, y establecer un ejemplo global de sistemas de salud mental basados en derechos. La organización, un organismo de vigilancia sin fines de lucro de salud mental establecido en 1969 por la Iglesia de Scientology y Thomas Szasz, investiga y expone abusos psiquiátricos contra los derechos humanos y ha logrado cientos de leyes a nivel internacional que protegen esos derechos.
Para quienes buscan más información, el informe del personal de la Reserva Federal de Nueva York sobre hospitalización involuntaria está disponible en https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/research/staff_reports/sr1158.pdf?sc_lang=en/, y un artículo del Fordham International Law Journal sobre cuándo la coerción en salud mental constituye tortura se puede encontrar en https://ir.lawnet.fordham.edu/ilj/vol45/iss5/2/. El análisis de la Asociación Estadounidense de Abogados sobre el tratamiento de salud mental involuntario como una crisis de derechos humanos está en https://www.americanbar.org/groups/crsj/resources/human-rights/2025-july/human-rights-crisis-authoritarian-times/.
