La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos Internacional (CCHR, por sus siglas en inglés) insta a los padres y cuidadores a obtener hechos independientes antes de que alguien recomiende medicamentos psiquiátricos recetados u hospitalización psiquiátrica para un niño. La organización afirma que con demasiada frecuencia se entrega a las familias lenguaje publicitario, presión por parte de trabajadores de salud mental escolares u hospitales, e información incompleta sobre riesgos.
CCHR dirige a las familias a FightForKids.org cuando un psicólogo escolar, psiquiatra o centro propone etiquetar, medicar o encerrar a un niño. Esa campaña ayudó a producir la Enmienda federal de Prohibición de Medicación Obligatoria: las escuelas no pueden obligar a un padre a darle a un niño un fármaco psiquiátrico como condición para asistir a clase. El trabajo de CCHR produjo leyes similares de derechos de los padres en 10 estados. Algunas de esas leyes también prohíben que las agencias de protección infantil retiren a un niño únicamente porque los padres se nieguen a administrarle un fármaco psicotrópico.
La página de CCHR "Los padres conocen sus derechos" explica que los "diagnósticos" psiquiátricos se hacen sin pruebas médicas confirmatorias que demuestren una enfermedad física. Aconseja a los padres insistir en un examen médico completo antes de que alguien llame "enfermedad mental" al sufrimiento de un niño, porque los estudios muestran que afecciones físicas no tratadas pueden parecerse a síntomas psiquiátricos. La organización documenta los efectos secundarios de los fármacos y orienta a las familias hacia opciones médicas y educativas no farmacológicas para problemas de atención, aprendizaje y comportamiento.
"Un 'diagnóstico' psiquiátrico no es un hallazgo de laboratorio. Es una lista de comportamientos, votada en un manual, y luego utilizada para justificar fármacos que alteran la mente y salas cerradas con llave. Hay que decirles a los padres qué pueden hacer esos fármacos al cerebro en desarrollo, qué puede pasar detrás de una puerta cerrada con llave, y que tienen el derecho legal de rechazar", dijo Jan Eastgate, presidenta de CCHR International.
CCHR también advierte a los padres contra empresas que transportan por la fuerza a adolescentes "problemáticos" a centros de tratamiento residencial psiquiátrico y conductual y campamentos en zonas silvestres. Familias angustiadas han pagado de $2,000 a $4,000, y una tarifa de consultor de hasta $10,000, para que saquen a los niños de la cama por la noche y los lleven a programas cerrados con llave a miles de millas de casa. Unos 40,000 niños, incluidos algunos de Canadá, permanecen en centros conductuales de EE. UU. El mercado conductual estadounidense se valoró en $92.14 mil millones en 2025, y se proyecta que alcance $132.46 mil millones para 2032. Para 2015, el 82% de los centros residenciales todavía usaban aislamiento y restricciones. Al menos 145 niños murieron por causas prevenibles en centros residenciales durante tres décadas; al menos 62 murieron por asfixia o lesiones por restricción.
Un documento de posición de CCHR de este año citó investigaciones según las cuales hasta el 45% de los pacientes psiquiátricos hospitalizados reportaron violencia sexual durante la admisión. The Joint Commission informó un aumento del 77% en incidentes de agresión hospitalaria en dos años, casi la mitad de ellos sexuales. CCHR dice que los padres deben tratar los programas psiquiátricos y residenciales cerrados con llave como entornos de alto riesgo, no como un "lugar seguro" por defecto. Los registros públicos, demandas, inspecciones y casos penales que involucran a las principales cadenas de hospitales conductuales han mostrado repetidamente delitos sexuales del personal contra pacientes, verificaciones de antecedentes débiles, informes tardíos a la policía y agresiones entre pacientes en unidades que los ejecutivos cobraban por supervisar. Las indemnizaciones y acuerdos civiles han alcanzado cientos de millones de dólares.
Más de 80 centros de una gran cadena —aproximadamente el 32% de sus sedes en más de 20 estados— han estado bajo investigación federal o estatal, con más de 500 quejas de pacientes registradas desde 2022. En 2023, esa compañía pagó $400 millones para resolver tres casos de abuso sexual que involucraban a un niño de ocho años en un centro cerrado de Nuevo México. Casos recientes en múltiples estados han incluido condenas y cargos contra enfermeros, consejeros, auxiliares y ejecutivos relacionados con hospitales conductuales juveniles; sanciones de licencias; cierres de hospitales; y demandas que alegan que niños de tan solo siete u ocho años fueron agredidos sexualmente mientras estaban confinados. Se aconseja a las familias documentar lesiones y registros, preguntar quién supervisaba la unidad y quién cambió los fármacos, y reportar sospechas de abuso a la policía, no solo al hospital.
CCHR recomienda que los padres usen primero sus derechos legales revisando FightForKids.org y la página "Los padres conocen sus derechos" antes de una reunión con una escuela, un médico o un centro; prefieran soluciones educativas y médicas para problemas de comportamiento; exijan análisis de laboratorio y un examen médico diferencial; rechacen extracciones nocturnas de "escuadrones de matones" de los hogares a programas residenciales fuera del estado; y si un niño ya está dentro, sigan exigiendo su liberación. Si se niegan, obtengan un abogado y reporten el confinamiento a la policía local. Visiten con frecuencia y sin avisar. Documenten moretones, cambios repentinos de fármacos, ausencias escolares y cualquier cosa que el niño diga sobre baños, personal nocturno u otros pacientes. Fotografíen las lesiones. Mantengan un registro de quién estaba de turno. Si se sospecha abuso sexual o físico, llamen a la policía de inmediato y a la agencia estatal de licencias el mismo día. No esperen la "investigación" interna del hospital. Si el abuso ya ocurrió, conserven los registros, obtengan ayuda médica y legal independiente, y presenten una denuncia ante la policía y el inspector de salud estatal. Proporcionen una copia a CCHR.
CCHR recomienda la notificación pública nacional de restricciones, aislamiento, lesiones, muertes, dotación de personal y propiedad; suspensión o cierre automático de licencias tras hallazgos de daño grave; responsabilidad penal y civil para ejecutivos y clínicos cuando el abuso es sistémico; el fin del aislamiento y la restricción mecánica; e investigaciones de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno y la Oficina del Inspector General del HHS sobre incentivos de marketing y facturación que llenan esas camas. "Los padres no pueden confiar en que el centro se vigile a sí mismo", dijo Eastgate. "Obtengan primero los hechos. Luego usen la ley".
CCHR es un organismo de vigilancia de la industria de la salud mental que ha operado durante más de cinco décadas, establecido en 1969 por la Iglesia de Scientology y el eminente profesor de psiquiatría Dr. Thomas Szasz. Investiga y expone el abuso psiquiátrico, educa al público sobre los riesgos de los fármacos psicotrópicos y trabaja con legisladores para proteger los derechos de los padres y los niños.
