La Corte Constitucional de Ecuador ha desestimado por unanimidad el último recurso legal contra la licencia ambiental del proyecto minero El Domo, propiedad de Silvercorp Metals Inc. (NYSE-A/TSX: SVM). Esta decisión judicial concluye un proceso de un año que recorrió múltiples instancias del sistema judicial ecuatoriano, según información disponible en documentos judiciales públicos.
El fallo confirma la validez de la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y establece que el proceso de consulta ambiental cumplió tanto con la legislación ecuatoriana como con los estándares del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. La corte destacó que el proyecto cuenta con un sólido respaldo comunitario, alcanzando un 98% de apoyo local.
Este veredicto despeja el camino para el avance continuo del proyecto El Domo, que se espera genere beneficios socioeconómicos significativos para la comunidad de Las Naves. La resolución judicial representa un hito importante para la industria minera en Ecuador, ya que refuerza la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras en el sector y valida los procesos de consulta ambiental conforme a estándares internacionales.
Para Silvercorp Metals, compañía canadiense productora de plata, oro, plomo y zinc, esta decisión elimina la última barrera legal para el desarrollo del proyecto. La empresa puede consultar información adicional sobre sus operaciones en su portal corporativo oficial. El proyecto minero se posiciona ahora para contribuir al desarrollo económico regional mediante la creación de empleo, inversión en infraestructura y generación de regalías para las comunidades locales.
Las implicaciones de este fallo trascienden el caso específico, estableciendo un precedente significativo para otros proyectos de extracción de recursos en Ecuador y la región. La validación judicial del proceso de consulta ambiental conforme a estándares internacionales podría influir en futuras aprobaciones de proyectos de desarrollo, equilibrando consideraciones ambientales con oportunidades económicas para comunidades rurales.
