El Comité de las Naciones Unidas para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha emitido una nueva Carta Abierta reiterando su oposición a la detención y el tratamiento involuntario de personas en el sistema de salud mental. El Comité advirtió que cualquier forma de coerción en la atención de la salud mental es incompatible con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD). La Comisión Ciudadana de Derechos Humanos Internacional (CCHR) acogió con satisfacción esta iniciativa y pidió que se adoptaran protecciones similares en la ley de los Estados Unidos.
Jan Eastgate, Presidenta Internacional de CCHR, señaló que aunque la CDPD fue adoptada en 2007 y se basó en gran medida en los principios estadounidenses de derechos de las personas con discapacidad, Estados Unidos nunca ha ratificado el tratado, citando la existencia de una ley predecesora: la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Eastgate subrayó que la ADA debería reformarse para proporcionar protecciones explícitas contra la institucionalización y el tratamiento psiquiátrico forzados, protecciones que ya están garantizadas por el derecho internacional de los derechos humanos.
La Carta Abierta del Comité de la CDPD hace varios puntos clave. Afirma que la CDPD de la ONU prohíbe la hospitalización y el tratamiento involuntarios sin excepciones. La hospitalización y el tratamiento involuntarios, ya sea como medidas de último recurso o sujetos a ciertas salvaguardias, siguen siendo incompatibles con el modelo de derechos humanos de la discapacidad. Tales prácticas perpetúan desequilibrios de poder institucionales que han sido ampliamente documentados como exponentes de personas con discapacidad a la tortura y malos tratos. Informes basados en evidencia han concluido que existe una violencia generalizada que sufren las personas con discapacidad en las instituciones, junto con daños y muertes causados por el internamiento y tratamiento involuntarios. No hay beneficios terapéuticos y falta evidencia clínica que respalde el uso de la coerción y la institucionalización involuntaria. La hospitalización involuntaria, el tratamiento involuntario, el aislamiento, la sujeción y prácticas similares no son respuestas legítimas basadas en derechos al malestar o la crisis, sino medidas discriminatorias que niegan la capacidad jurídica, socavan la libertad y pueden equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante.
El European Times informó además que la CDPD "prohíbe la hospitalización y el tratamiento involuntarios de personas con discapacidad por motivos de discapacidad, sin excepciones. La hospitalización y el tratamiento involuntarios, ya sea como medidas de último recurso o sujetos a ciertas salvaguardias, siguen siendo incompatibles con el modelo de derechos humanos de la discapacidad establecido en la CDPD de la ONU, que prohíbe la coerción en los servicios de salud mental."
CCHR enfatiza que estas perspectivas de derechos humanos son urgentemente necesarias en los Estados Unidos, donde 1.2 millones de estadounidenses son internados involuntariamente en instalaciones psiquiátricas cada año. Las consecuencias de la coerción pueden ser letales: un estudio de julio de 2025 del Banco de la Reserva Federal de Nueva York encontró que las personas que fueron hospitalizadas involuntariamente tenían casi el doble de probabilidades de morir por suicidio o sobredosis dentro de los tres meses posteriores a su liberación. Se estima que 100,000 estadounidenses reciben tratamiento con electroshock anualmente, y las leyes estatales en muchas jurisdicciones aún permiten que se administre involuntariamente, a pesar de los riesgos bien documentados de pérdida de memoria y daño cerebral.
Una nueva evaluación del tratamiento de salud mental ordenado por los tribunales en Nueva York bajo su ley de internamiento involuntario conocida como "Ley de Kendra" comparó los resultados de las personas obligadas a recibir tratamiento ambulatorio de salud mental bajo la ley estatal con aquellos que recibieron servicios similares voluntariamente. Se encontró que el tratamiento forzado, a menudo llamado "tratamiento ambulatorio asistido", era más dañino cuando se ordenaba. Entre 2016 y 2022, hubo un aumento del 141% en el uso de sujeción farmacológica entre niños hospitalizados de 5 a 17 años con diagnóstico de salud mental. Las restricciones físicas de uso frecuente pueden causar lesiones graves o la muerte. Casos recientes que involucran muertes por restricción de un niño de 7 años y un adolescente de 16 años resultaron cada uno en fallos de homicidio por parte de los médicos forenses y el enjuiciamiento de seis miembros del personal.
La guía conjunta de 2023 de la OMS y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) "Salud mental, derechos humanos y legislación: guía y práctica" también pidió una reforma legislativa para poner fin a la coerción en los servicios de salud mental, reemplazar las instituciones psiquiátricas con sistemas de apoyo comunitario inclusivos y consagrar el consentimiento libre e informado en el campo de la salud mental.
Eastgate concluyó: "Estados Unidos ya no puede reclamar liderazgo en derechos de las personas con discapacidad mientras continúe permitiendo la detención y el tratamiento psiquiátrico forzados. Es inconfundiblemente claro que la coerción no tiene lugar en el campo de la salud mental. La ley estadounidense debería alinearse plenamente con los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier cosa menos abandona los mismos principios de libertad e igualdad que Estados Unidos defiende."
CCHR, establecida en 1969 por la Iglesia de la Cienciología y el Profesor de Psiquiatría, Dr. Thomas Szasz, ha logrado cientos de leyes que empoderan a los pacientes con consentimiento informado y el derecho a representación legal contra la pérdida de libertad y el tratamiento forzado en instituciones psiquiátricas.
