La Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos (CCHR) Internacional ha publicado un análisis de más de 50 hospitales psiquiátricos en 23 estados que administran terapia electroconvulsiva (TEC), encontrando información de riesgos gravemente inadecuada en sus sitios web. Según CCHR, ninguna de las instalaciones ha actualizado los materiales para reflejar los efectos adversos que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) exigió para mitigar riesgos en 2018. La organización afirma que decenas de miles de estadounidenses, incluidos niños, no están siendo advertidos sobre pérdida de memoria a largo plazo y posible daño cerebral, lo que justifica una investigación gubernamental y una revisión de la necesidad de prohibir los dispositivos de TEC.
Miles se opusieron a la reclasificación de los dispositivos de TEC por parte de la FDA, de Clase III (alto riesgo) a Clase II (menor riesgo) para usos limitados, y muchos pidieron una prohibición total. La regla final de la FDA de 2018 justificó el cambio en parte al exigir etiquetas para pacientes que advirtieran que "la seguridad y eficacia a largo plazo del tratamiento con TEC no han sido demostradas" y recomendar evaluaciones neuropsicológicas formales antes y durante el tratamiento para monitorear el daño cognitivo. Ninguna de las instalaciones informa esto.
La revisión de CCHR también muestra que los hospitales no advirtieron sobre pérdida de memoria permanente (88%, 46 hospitales), problemas cardiovasculares (69%, 36 hospitales) y el derecho a rechazar el consentimiento (88%, 46 hospitales). Las agencias federales pagan gran parte de los costos de la TEC, aunque los psiquiatras admiten que no cura y a menudo requiere tratamientos de "mantenimiento" continuos. Un análisis de seguros privados encontró que los pacientes de TEC estuvieron hospitalizados de 4 a 29 días más que aquellos que recibieron tratamiento estándar, con costos adicionales de atención médica de $5,700 a $52,700. Los psiquiatras que practican la TEC a menudo ganan aproximadamente el doble del salario de otros psiquiatras. Se estima que la TEC es una industria de $5.05 – $7.6 mil millones al año.
La TEC administra hasta 460 voltios de electricidad a través del cerebro para inducir una convulsión de gran mal, que implica pérdida de conciencia y contracciones musculares violentas (enmascaradas por anestésicos y relajantes musculares). Los voltajes más altos utilizados hoy en día han aumentado los riesgos. Los dispositivos fueron autorizados en 1976 sin aprobación previa a la comercialización ni ensayos clínicos que demostraran seguridad y eficacia.
La Regla Final de la FDA de 2018 especificó que no hay datos clínicos que respalden la seguridad y eficacia para la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo o la manía (que siguen siendo Clase III). A pesar de esto, el 71% (37) de los hospitales promueven la TEC para la esquizofrenia/trastornos esquizoafectivos, incluido el Departamento de Asuntos de Veteranos, y el 35% (18) la promueven para la manía. La FDA enumera la manía y el empeoramiento de los síntomas psiquiátricos como efectos adversos. Algunos también la promueven de forma no autorizada para el autismo, el Alzheimer, el Parkinson y la demencia, a pesar de los conocidos efectos de pérdida de memoria de la TEC.
Muchas afirmaciones de los hospitales son engañosas y sin fundamento, incluida la comparación de la TEC con arrancar la batería de un automóvil (que usa de 12 a 14 voltios, mientras que la TEC usa más de 30 veces eso), afirmar que la TEC "enciende y apaga el cerebro como una computadora", que "puede alterar la química cerebral de una persona liberando químicos en el cerebro y alentando a las células cerebrales a hacer nuevas conexiones", o que "no es peor que ir al dentista".
La necesidad de un consentimiento informado completo con respecto a la TEC ha sido respaldada por los tribunales, especialmente con una advertencia sobre el posible daño cerebral. El testimonio de expertos ante la Corte Suprema de Nebraska (2025) concluyó que "la TEC causa pérdida de memoria persistente o permanente y daño cerebral en una proporción sustancial de los receptores, entre el 12% y el 55%", hallazgo que la corte confirmó. Los neuropatólogos equiparan los efectos de la TEC con una lesión cerebral traumática, y las víctimas sufren deterioro cognitivo permanente.
La FDA creyó erróneamente que la TEC involuntaria es "poco común" y siempre requiere un proceso judicial. En realidad, las leyes estatales varían ampliamente: seis estados no tienen leyes sobre TEC; muchas jurisdicciones carecen de disposiciones para supervisión judicial. Solo siete estados requieren una orden judicial para la TEC en menores; 12 no tienen regulaciones para niños. Texas y California prohíben la TEC en menores, gracias a las acciones de CCHR.
Jan Eastgate, presidenta de CCHR Internacional, recibió TEC en 1975 después de un diagnóstico erróneo de hipertiroidismo como depresión. "Después de que los antidepresivos empeoraron mi condición, me dijeron que necesitaba TEC, que era como arrancar el corazón, y que no había efectos secundarios importantes. Fue una mentira. Las afirmaciones que la comparan con el trabajo dental, el parto o la desfibrilación del corazón son fraudulentas, y la práctica debería prohibirse". Desde 1977, ha dedicado su vida a advertir a otros sobre los peligros y la necesidad de exámenes médicos exhaustivos para descartar condiciones físicas no diagnosticadas.
El psiquiatra Niall McLaren aconseja a los pacientes que cualquier psiquiatra que les diga "'Necesita TEC' en realidad solo está diciendo: 'No sé qué más hacer'". Él es tajante: "Ningún psiquiatra necesita usar TEC". CCHR, establecida en 1969 por la Iglesia de la Cienciología y el Dr. Thomas Szasz, pide a las personas dañadas por la TEC que informen del abuso a la organización y anima a las familias y médicos a ver su documental, Electroshock: ¿Terapia o Tortura?.
