SEÚL — Human Rights Without Frontiers (HRWF), junto con CAP Liberté de Conscience, FOREF, CESNUR y Bitter Winter, celebraron el viernes una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros de Seúl para abordar las crecientes preocupaciones sobre la libertad de religión y expresión en Corea del Sur. El evento destacó el trato a los ancianos líderes religiosos en prisión preventiva, incluido el caso del presidente de Shincheonji, Lee Man-hee, de 95 años, y pidió a las autoridades que garanticen que las respuestas legales y administrativas hacia las minorías religiosas sean neutrales y proporcionadas.
Las organizaciones expresaron especial preocupación por la detención del presidente Lee, cuestionando su coherencia con las obligaciones de Corea del Sur en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura. Thierry Valle, presidente de CAP Liberté de Conscience, señaló que Corea del Sur ratificó el PIDCP en 1990 y la Convención contra la Tortura en 1995, y argumentó que poner a una persona de 95 años en prisión preventiva plantea serias dudas sobre la presunción de inocencia y las consideraciones humanitarias. Señaló medidas alternativas utilizadas en otros países democráticos, como el arresto domiciliario para acusados ancianos o enfermos, citando como precedentes la liberación bajo fianza del cardenal Joseph Zen en Hong Kong y el arresto domiciliario del patriarca budista Thich Quang Do en Vietnam.
Michael Langhans, director ejecutivo de FOREF Alemania, ofreció un análisis legal cuestionando si la prisión preventiva era necesaria dada la evidencia ya disponible para la acusación. Argumentó que el caso plantea interrogantes más amplios sobre si las medidas destinadas a proteger elecciones justas pueden aplicarse sin socavar la libertad religiosa garantizada constitucionalmente. Langhans también expresó su preocupación de que la evidencia pueda haber sido recopilada a través de una narrativa que enmarca a la comunidad del acusado como una 'secta' o 'culto', en lugar de una investigación neutral.
La rueda de prensa también abordó el caso de Hak-ja Han Moon, de 83 años, de la Federación de Familias, así como el escrutinio continuo de la Iglesia Segero en Busan, donde el pastor Son Hyun-bo fue liberado de la detención, pero la iglesia continúa enfrentando acoso según informes. Se plantearon preocupaciones sobre la objeción de conciencia, la hostilidad pública hacia un proyecto de mezquita en Daegu y la acomodación religiosa en entornos educativos. HRWF ha documentado el encarcelamiento de cientos de testigos de Jehová en Corea del Sur por objeción de conciencia, y los críticos mantienen que el servicio civil alternativo, introducido posteriormente, es punitivo porque requiere 36 meses de servicio en centros correccionales, el doble de la duración del servicio militar regular.
Massimo Introvigne, director gerente de CESNUR y editor jefe de Bitter Winter, declaró que Corea del Sur 'ha cruzado una línea preocupante' al arrestar al presidente Lee, argumentando que las normas internacionales como las Reglas de Mandela exigirían arresto domiciliario en lugar de prisión para una persona de 95 años acusada de un delito no violento. Describió los cargos, vinculados a la participación política ordinaria de miembros de una minoría religiosa, como 'legal y conceptualmente sobrecargados' y advirtió de un patrón más amplio de presión contra las religiones minoritarias.
Márk Nemes, subdirector de CESNUR, compartió hallazgos de recientes investigaciones académicas en congregaciones de Shincheonji en Europa, Argentina y Australia, que encontraron un aumento preocupante de la hostilidad hacia el movimiento. Destacó que Shincheonji es un movimiento religioso global, y que la persecución desproporcionada en Corea del Sur afecta los derechos de sus miembros en el extranjero, protegidos por los artículos 18 y 19 del PIDCP.
Hans Noot, director asociado de HRWF, abrió la conferencia afirmando que los temas en juego 'están en el corazón de la sociedad democrática'. Advirtió que cuando se estigmatiza a las comunidades religiosas, se restringen las reuniones pacíficas y se trata la disidencia como un problema a contener, las consecuencias se extienden mucho más allá de cualquier grupo individual. La conferencia no trataba de defender ninguna teología en particular, dijo, sino de defender el principio de que los derechos fundamentales se aplican por igual a todos.
Al concluir la rueda de prensa, los académicos firmaron una carta oficial pidiendo al Gobierno de la República de Corea que libere inmediatamente al presidente Lee de la custodia. Las organizaciones instaron a las autoridades surcoreanas, a los medios de comunicación y a la comunidad internacional a examinar estos acontecimientos prestando mucha atención al debido proceso, la proporcionalidad y la igual protección de los derechos fundamentales.
