El 18 de septiembre de 2026, CAP Freedom of Conscience presentó una declaración oral durante el Debate General en el marco del Tema 3 del 63.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, centrándose en la promoción y protección de todos los derechos humanos. La declaración destacó el caso del presidente Lee Man-hee, el fundador y líder de 95 años de la Iglesia Shincheonji de Jesús y veterano de la Guerra de Corea, quien actualmente se encuentra en detención preventiva en el Centro de Detención de Seúl, en la República de Corea, por cargos no violentos.
CAP Freedom of Conscience expresó seria preocupación por las condiciones de detención del presidente Lee, describiendo lo que parece ser una investigación políticamente motivada y discriminatoria dirigida a una minoría religiosa. A pesar de tener residencia fija y no representar riesgo de fuga, el presidente Lee fue recluido en celdas sin aire acondicionado durante la ola de calor más severa de Seúl. Esto plantea graves preocupaciones sobre la salud y el bienestar del detenido de 95 años, quien es particularmente vulnerable a las temperaturas extremas.
La organización recordó que dicho trato contraviene las obligaciones internacionales de la República de Corea. El artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) exige que la detención sea necesaria y proporcional. El artículo 10 garantiza un trato humano. Las Reglas Nelson Mandela otorgan a los detenidos el derecho a atención médica equivalente a la disponible en la comunidad. Las Reglas de Tokio establecen que la detención preventiva sea una medida de último recurso. El artículo 18 protege la libertad de religión o de creencias, un derecho fundamental que, según CAP Freedom of Conscience, ha sido violado en este caso.
CAP Freedom of Conscience instó al Consejo a pedir a la República de Corea que cumpla con sus obligaciones treaty-based ofreciendo alternativas a la detención, permitiendo una evaluación médica independiente y garantizando un juicio justo e imparcial. El caso subraya preocupaciones más amplias sobre el trato a las minorías religiosas y el uso de la detención preventiva para delitos no violentos.
Este desarrollo es importante porque somete las prácticas judiciales de Corea del Sur y su cumplimiento de las normas de derechos humanos al escrutinio internacional. Si se corroboran las acusaciones, podrían indicar un patrón preocupante de supresión de la libertad religiosa por medios legales. El resultado de este caso podría influir en cómo la comunidad internacional aborda situaciones similares en otros lugares, sentando potencialmente un precedente para la protección de detenidos de edad avanzada y líderes religiosos. Para los lectores, resalta la importancia de defender las obligaciones de derechos humanos y el papel de los mecanismos de la ONU para responsabilizar a los Estados.
La declaración también llama la atención sobre las implicaciones más amplias para la libertad religiosa y el trato a las minorías en Corea del Sur. Mientras la comunidad internacional observa, la respuesta de la República de Corea podría afectar su posición en materia de derechos humanos y sus relaciones con organismos internacionales. El caso del presidente Lee sirve como recordatorio de la necesidad de vigilar la protección de los derechos de todas las personas, independientemente de sus creencias o edad.
